Las 3.350 comunidades de montes de Galicia, que aglutinan a 150.000 comuneros, tendrán cuatro años de plazo para reinvertir al menos el 40% de sus ingresos en labores de conservación y protección forestal. Esta obligación, que ya estaba recogida en la ley gallega de Montes, entrará en vigor tras la aprobación de un proyecto de decreto cuya tramitación ha iniciado la Xunta.
Según esta norma, se consideran ingresos procedentes del monte todos aquellos derivados de la explotación de recursos como el pasto, la biomasa, la madera, castañas o setas, pero también son ganancias las obtenidas por otros usos como los parques eólicos, la actividad minera, la vitivinícola o la sociorecreativa.